Duplicaciones discriminatorias

 La Constitución venezolana duplica cientos de términos: “Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas…”. Y así sucesivamente. Sin embargo, apea de ese tratamiento a dos sustantivos. El primero, en el artículo 30: “El Estado procurará que los culpables reparen los daños causados”. (No se añade “y las culpables”). Y el segundo, en el artículo 94: “La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista”. (Se omite la mención a las intermediarias).

Ya se ve, pues, la distinta jerarquía de las palabras. Admiten duplicación “ciudadanos y ciudadanas”, “magistrados y magistradas”, “padres y madres”… Pero los dobletes desaparecen cuando el término implica mal rollo: los culpables, los intermediarios.

El lenguaje público en España venía manifestando asimismo ese doble rasero, como ya se comentó.

Por ejemplo, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, frecuente duplicador, ironizaba el 18 de marzo, unos días antes de los confinamientos: “Todo el mundo tiene un cuñado médico que sabe qué hacer ante el coronavirus”. Muy bien, pero ¿dónde quedó la cuñada médica?

Del mismo modo, no se oye mucho “hay que acabar con los corruptos y las corruptas”, “subir los impuestos a los ricos y a las ricas”, “nos oprimen los poderosos y las poderosas”, “encontraremos al asesino o a la asesina”. Y se da una presión para decir “concejala” pero no ocurre igual con “criminala”.

En la crisis del coronavirus asistimos a un fenómeno similar. Quienes ocupan el espacio público se esmeran en decir “ciudadanos y ciudadanas”, “todos y todas”, “cada uno y cada una”; mientras se cuelan sin filtro “los más vulnerables”, “los hospitalizados”, “los infectados”, “los mayores”, “los fallecidos”, “los enfermos”…

Las duplicaciones, que conste, tienen un sentido (no nos busquen entre los antifeministas): intentan resaltar la desigualdad de las mujeres en el acceso a determinados escalones profesionales y sociales, y por eso se ciñen a las palabras relativas a ellos.

Quien acude a los dobletes en el discurso público nos está diciendo que comparte esa justa lucha. Agita una bandera a la que nos unimos. Por tanto, su uso moderado sería defendible.

Además, encajan en la tradición y en el sistema de la lengua (“señoras y señores”, “damas y caballeros”) y se encuentran lo mismo en el Mio Cid que en La Regenta, obra ésta donde la profesora Isabel Rubio contabilizó y estudió 13 casos de duplicaciones. (Lo femenino y lo masculino en La Regenta, 1999).

Y hasta se puede entender la mencionada visión popular del cuñado como ejemplo de metepatas, porque compensa en algo la que sufrió durante decenios la suegra como ejemplo de entrometida.

No obstante, todos sabemos (también quienes propugnan la guerra al genérico) que mantener los dobletes en una conversación requeriría de una concentración y una voluntad a prueba de bombas por parte de quien habla y, sobre todo, de quien escucha.

Las duplicaciones acarrean efectos secundarios. Al riesgo de discurso tedioso se suma ahora esta nueva diferencia de clases entre las palabras, que arroja al saco del proletariado a las más desvalidas y mantiene en la aristocracia del poder a las más prestigiosas.

Alex Grijelmo, El País 27/3/20

Jueces sin juezas

 

Hemos señalado en otra ocasión la curiosa circunstancia de que personajes públicos habitualmente duplicadores (“todos y todas”, “ciudadanos y ciudadanas”) abandonan esa costumbre cuando comunican conceptos que perciben como negativos. Por ejemplo, rara vez habremos oído “contagiados y contagiadas” o “fallecidos y fallecidas”; ni, en otros contextos, “los asesinos y las asesinas”, “los corruptos y las corruptas”, “los criminales y las criminales” (o “criminalas”, si seguimos la senda de “concejalas”); ni tampoco “subir los impuestos a los ricos y a las ricas”, “combatir a los poderosos y a las poderosas”... o “los banqueros y las banqueras” (las hay).

A eso se ha añadido un rasgo nuevo: la no duplicación de palabras que, sin ser peyorativas para quien habla, aparecen de pronto en un contexto negativo. Así sucede cuando dirigentes de Podemos se refieren críticamente a “los socialistas”, sin añadir “las socialistas”. Y también con la palabra “jueces”.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, fue preguntado el 7 de febrero en una rueda de prensa si no cree que merecen una disculpa las víctimas de los agresores sexuales beneficiados por la última reforma del Código Penal. Y respondió: “Sí. Yo creo que los jueces deberían pedir disculpas a las víctimas”. (…) Los que la están aplicando mal, efectivamente, deberían pedir disculpas”.

Tantas veces oímos en boca de esos políticos “los jueces y las juezas”, que resultaba muy interesante esta excepción (“los jueces” y “los que la están aplicando mal”). Tanto empeño en acuñar el femenino “juezas” como mujeres que imparten justicia, para luego olvidarse de esa posibilidad en un momento tan estelar.

Y eso no le ocurrió sólo a Echenique. El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, declaraba el mismo día: “El problema no está en la ley, está en la justicia. Los jueces no pueden suplantar al legislador interpretando lo que no dice la ley”.

Y lo mismo le había sucedido a Irene Montero el 16 de noviembre: “Hay jueces que no están cumpliendo con la ley” (…), “ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen la ley erróneamente”.

Podía tratarse en los tres casos de una falta de concentración, tan necesaria para sostener las duplicaciones en una intervención prolongada, pero se les vinieron a añadir las palabras de la propia Irene Montero en la Cadena SER el 9 de febrero. La ministra decía sistemáticamente “jueces” cuando hablaba con sentido de crítica: “Una minoría de jueces no ha aplicado bien la ley”; pero si expresaba un mensaje positivo se refería a “jueces y juezas”: “la mayoría de jueces y juezas ha aplicado bien la ley”.

La psicolingüística tiene aquí un buen campo de trabajo. En un análisis somero, vemos que en la mentalidad de los dirigentes de Podemos, si seguimos su propia lógica, no hay juezas que hayan excarcelado a agresores sexuales o hayan reducido sus penas en aplicación de la nueva ley, una norma de tantos aspectos positivos pero con un error garrafal de técnica legislativa. Quienes así hablan dan a entender subliminalmente una idea: solamente jueces varones aplican mal la reforma. Sin embargo, relevantes magistradas progresistas y feministas han acordado también la rebaja de penas en los más de 400 casos conocidos.

Aquí también se produce la invisibilidad de las mujeres; pero en esta ocasión, con el mismo lenguaje que se inventó para combatirla.

Alex Grijelmo. El País 20/2/23